El procedimiento monitorio europeo. Cómo funciona

El procedimiento monitorio tiene unos cauces determinados que hay que seguir en España que ya hemos tratado en el blog, pero ¿qué ocurre cuando el deudor reside fuera de España pero dentro de la Unión Europea? A ello vamos a dedicar el post de hoy.

El procedimiento monitorio europeo es un trámite que sirve para garantizar el cobro de deudas no demasiado cuantiosas que se producen de forma transfronteriza. Se puede presentar en cualquier país que sea miembro de la Unión Europea, a excepción de Dinamarca, y contempla materias civil y mercantil (no las de naturaleza fiscal, administrativa y aduanera). Como condición, una de las dos partes debe residir de forma habitual o tener su domicilio en otro estado diferente al que presenta la solicitud.

Este proceso viene regulado por el Reglamento nº 1215/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo en el que se tratan la competencia judicial, así como el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil.

Etapas a seguir

Los ciudadanos que quieran iniciar el procedimiento monitorio europeo deben cumplimentar un formulario denominado A en la lengua propia de cada país en que se reclama y firmar con su nombre.

Al igual que en el caso español, en esta versión europea también se requiere la contratación de un abogado ni de un procurador. No obstante, al tratarse de trámites en un país extranjero, sí que resulta conveniente obtener cierto asesoramiento legal.

Es importante que la persona que va a presentar el documento indique si en el caso de que el deudor se oponga va a continuar con el proceso o concluirlo cuando se produzca la oposición. Es un dato que hay que tener en cuenta, porque si sigue el procedimiento podría conllevar importantes gastos al ser en un país extranjero, desde el alojamiento hasta los posibles costes judiciales propios del territorio.

Cuando el juzgado haya comprobado que el formulario cumple con los requisitos necesarios, instará al deudor a que salde su deuda en un intervalo de 30 días. Si no los cumple, hay dos posibilidades. El demandante puede subsanar la petición con otro escrito, denominado “B”, si resulta inadmisible o infundada. También se puede modificar la misma a petición del juzgado con el formulario “C”. En este caso, el demandante debe devolverlo si finalmente acepta la propuesta.

Por otro lado, el demandante también puede rechazar la propuesta o no cumplir con el intervalo de tiempo que se ha establecido y se desestimará la solicitud. Aquí entra en juego el formulario D, un escrito con el que el órgano jurisdiccional informa al demandante sobre las causas del rechazo.

Si todo sigue adelante y no se dan las complicaciones que hemos mencionado, en dicho plazo de un mes el deudor puede pagar o, como decíamos antes, oponerse. Si no ocurre ninguna de las dos cosas se alcanzará la fase ejecutiva. Por así decirlo, el juzgado lo ‘formalizará’ a través de un nuevo formulario denominado “G”. Por su parte, el deudor puede mostrar su oposición mediante otro documento llamado “F”.

Hay que matizar que el juzgado puede denegar la ejecución si hay una incompatibilidad con otra resolución dictada anteriormente por otro estado miembro u otro país que no pertenezca a la UE. En definitiva, como vemos, en el procedimiento monitorio europeo todo resulta bastante más complicado que en juicio monitorio español.

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