En un concurso de acreedores quien cobra primero es quien llega el último

Concurso de acreedores quien cobra primero

Aunque pueda sonar contradictorio o incluso injusto, lo cierto es que cuando se trata de cobrar de una compañía que va a la deriva, los últimos suelen son los primeros. En términos generales, en un concurso de acreedores quien cobra primero son los créditos contra la masa (explicaremos posteriormente cuales son estos) y después por este orden estricto: los acreedores con garantía o hipoteca (normalmente bancos), seguidos de los trabajadores, las administraciones públicas (Hacienda, la Seguridad Social…) y finalmente los proveedores y los socios.

Pero este proceso es bastante complejo y requiere de una explicación más detallada. Así, conviene recordar que tras la declaración de un concurso de acreedores (ya sea un concurso necesario o voluntario), es un administrador concursal quien toma las riendas, quien decide si hay que proceder a la liquidación de empresas en concurso y quien presenta un informe con las deudas que tiene la sociedad, ordenándolas en función de su categoría.

Créditos contra la masa (los primeros en cobrar)

Habitualmente se habla de dos tipos de créditos: las deudas que se generan durante el concurso de acreedores y las que se generaron con anterioridad a su presentación. A los primeros se les conoce como créditos contra la masa y son los que disfrutan de la mayor prioridad a la hora cobrar. De hecho, son las deudas que primero se satisfacen.

Estos créditos abarcan los últimos 30 días de salario de los empleados de la sociedad –cuyas cantidades no podrán superar el doble del salario mínimo interprofesional (SMI)- y los pagos a los que haya que hacer frente tras la declaración del concurso, lo que incluye las indemnizaciones por despido por causas objetivas o improcedentes que se produzcan a partir de ese momento o la retribución del administrador concursal.

Créditos concursales

Ya sabemos en un concurso de acreedores quien cobra primero, pero el proceso no termina ahí. Después de los créditos contra la masa, la ley concursal establece que hay que pagar las deudas contraídas previamente a la declaración del concurso de acreedores. Aquí se encuentran los créditos privilegiados, los créditos ordinarios y los créditos subordinados.

Los créditos privilegiados

Son las deudas que se pagan inmediatamente después de los créditos contra la masa, y se dividen en dos categorías a su vez: Créditos con privilegio especial y créditos con privilegio general. Los créditos con privilegio especial son también conocidos como créditos refaccionarios y normalmente son las deudas que tienen garantía hipotecaria o pignoraticia. Por ejemplo, una deuda bancaria con hipoteca sobre un inmueble se encontraría dentro de esta clasificación.

Los siguientes en orden de pago son los créditos con privilegio general. Estos incluyen por ejemplo salarios atrasados con trabajadores e indemnizaciones, aunque con ciertas limitaciones en cuanto a cuantía.

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Los últimos en cobrar: créditos ordinarios y créditos subordinados.

Los créditos ordinarios son los que lo tienen más difícil. En este grupo se encuentran todas las demás deudas que no van en ninguna de las categorías anteriores. Y a la postre, en este grupo están incluidos la mayoría de los proveedores habituales de la empresa. Esto es así porque normalmente ningún proveedor habitual te exige garantía hipotecaria ni pignoraticia sobre sus operaciones comerciales, al contrario de lo que habitualmente hacen los bancos y entidades financieras.

¿Y cuáles son los créditos subordinados? Son las deudas con menor categoría concursal y en la práctica los últimos de la fila en cobrar. Abarcan desde las multas, sanciones, deudas con socios, intereses de créditos e incluso las deudas cuya comunicación se ha producido fuera del plazo designado por el administrador concursal. Siendo objetivos y realistas, estos acreedores solo cobrarán si ocurre un “milagro”.

Deudas con los bancos y los trabajadores

Más allá de la legislación que establece en un concurso de acreedores quien cobra primero, lo cierto es que en este tipo de procesos generalmente nadie gana. Por ejemplo, en el proceso de reestructuración financiera de una empresa empieza a ser habitual que los bancos tengan que asumir y aceptar quitas de entre el 10% y el 50% de la cantidad adeudada, razón por la cual las entidades financieras suelen presionar y negociar a la desesperada con la empresa para evitar la entrada en concurso de acreedores.

Por su parte, los trabajadores no solo tienen que asumir limitaciones en las cantidades percibidas, sino que es habitual que tengan que recurrir al Fondo de Garantía Salarial (Fogasa) para cobrar. En caso de insolvencia de la compañía, este organismo público asume los salarios de los empleados con un máximo de 120 días (sin que el sueldo diario pueda superar el doble del SMI) y las indemnizaciones, con un tope de una anualidad y sin que la base de cálculo supere tampoco el doble del SMI diario.

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Reportaje EL PAÍS