España, a la cabeza en economía colaborativa

A los españoles les gusta compartir, está demostrado. La economía colaborativa crece año tras año a una velocidad de vértigo, especialmente en nuestro país. Para muestra, el siguiente dato: el 6% de la población española ofrece productos o servicios de economía colaborativa. Ocupamos la primera posición de Europa, ya que la media de nuestros países vecinos se sitúa en torno al 5%, tal y como ha quedado contrastado en En el Foro Europeo de Economía Colaborativa (EUCoLab) que se celebra en Bruselas.

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Imagen: www.nbtworld.com

EUCoLab ha presentado también el estudio “Cuestiones clave a las que se enfrenta la economía colaborativa en Europa”. Según este informe, las plataformas del sector obtuvieron en 2015 unos ingresos brutos estimados de 28 mil millones de euros. Y por si esto fuera poco, vaticina que la economía colaborativa aumentará un tercio en Europa en los próximos doce meses. Esto supondría un total de 160 y 572 mil millones de euros en ganancias.

La economía colaborativa se define como “un sistema económico en el que se comparten e intercambian bienes y servicios a través de plataformas digitales” y se cuela en todos los aspectos de nuestra vida. Desde alquilar un apartamento en vacaciones, hasta compartir coche. Pero también incluye otros servicios algo menos convencionales, como avisar a otros conductores de donde hay aparcamiento libre, pasear mascotas, intercambiar alimentos, ofrecer préstamos, financiar proyectos (ya he he hablado en muchas ocasiones del crowdfunding), etc.

Ahora bien, no todo es tan bonito o al menos, no está libre de obstáculos. Por un lado, muchas empresas como Airbnb o Uber -este último servicio prohibido en España- se las ven y desean para obtener beneficios en muchos países, con una regulación asfixiante. Es cierto que por regla general la Unión Europea considera este tipo de economía como algo “positivo”, y aboga por no prohibirlo-de forma un tanto laxa- tal y como queda reflejado en sus guiding principles. Pero no existe una legislación que se adecue al nuevo y creciente sistema de economía colaborativa en el marco de la Unión.

Por otro lado, muchas industrias tradicionales se están viendo gravemente afectadas por esta “intromisión” y ven su clientela drásticamente reducida. En nuestro país, hay 500 empresas compitiendo con las tradicionales, imaginen el impacto, por ejemplo, en un taxista. En muchas ocasiones, este modelo choca de forma transversal con el statu quo económico. Con lo que era y ya no es. Con el modelo capitalista, de poseer, que -a raíz de la crisis económica global- ha quedado atrás. Los consumidores son ahora parte activa de la economía, lo que se conoce como prosumidores.

Estamos ante un asunto difícil de abordar, dado que la economía colaborativa es muy amplia, y abarca demasiados sectores que no permiten enmarcarla dentro de una regulación única. ¿Dónde ponemos el límite? ¿Es lo mismo compartir gastos en un coche que crear tu propio hotel en tu apartamento y monetizarlo? A grandes rasgos, sería posible regular el tratamiento legal y fiscal tanto de los modelos de negocio si se tiene en cuenta que aquellos los proyectos que se hacen llamar colaborativos y tienen un beneficio económico, ocupando espacios tradicionales, deben afrontar los mismos gastos que su competencia. Hay que poner una línea entre “cooperación” y ánimo de lucro. Pero nunca prohibir. Y partir de ahí regular a unos y otros de diferente manera.  Lo que es seguro es que no habrá forma de esquivar este modelo, es literalmente imparable, por lo que cuanto antes se actúe mejor.