Morosidad y retrasos en los pagos: los Vía Crucis de las PYMES

Los retrasos en los pagos y los morosos son algunas de las causas principales de que las Pymes, microempresas y autónomos se endeuden. Así lo deja claro el Estudio de la Gestión del Riesgo de Crédito en España, elaborado por el Observatorio de Cash Management junto al IE Business School, que ha salido a  la luz recientemente. Tal y como refleja el informe, en la actualidad tan sólo el 43% de las empresas españolas trabaja con plazos inferiores a 60 días. No están actuando, por tanto, dentro de la legalidad. Las cifras son escandalosas, aunque no me sorprenden porque esta es una realidad con la que llevamos años conviviendo. Así, el 83% de las empresas ha tenido que aceptar plazos superiores a los deseados, lo que de una u forma u otra ha ralentizado su actividad. Por si esto fuera poco, los costes financieros que deben asumir las empresas españolas para poder financiar las cuentas de los clientes triplican los costes que tienen las empresas europeas, lo que hace que sean menos competitivas en el mercado global.

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Aunque es cierto que el porcentaje de empresa que trabajan por encima de los 90 días se ha reducido al 13%, los impagos muchas veces conducen a las empresas a muerte segura. De hecho, el informe advierte de que este 13% está en riesgo «crítico» de echar el cierre por este motivo. Este problema afecta tres de cada cuatro empresas y prácticamente, una de cada tres sufren impagos significativos. No es que no se haya intentado luchar contra la morosidad. Pero no se está haciendo lo suficiente. En julio de 2010, a instancias de la Unión Europea y haciéndose eco de las reivindicaciones de las pequeñas y medianas empresas,  entraba en vigor una nueva ley que establecía diferentes medidas para luchar contra los morosos en la operaciones comerciales. Una de las medidas principales era la supresión del pacto entre las partes con respecto a los plazos de pago más allá de lo que establecía. La norma fijaba un plazo máximo de 60 días para los pagos entre las empresas y sus proveedores y de 30 en el caso de las administraciones públicas. Pero esto no se cumple, estamos duplicando la media europea en impagos y retrasos.

Nadie dice que estos retrasos sean sistemáticamente fruto de la voluntad de no pagar, más bien son fruto de la necesidad en la mayoría de los casos. Y es que los problemas de liquidez continúan siendo el principal motivo que explica la morosidad empresarial.

En este caso, para solucionarlo hay dos aspectos clave. Por un lado, se necesitan cambios estructurales en la legislación, tal y como viene pidiendo la Confederación Española de Pequeñas Empresas (CEPYME). Se necesitan reducciones de los periodos legales de pago e incluso mayores penalizaciones por incumplimientos. Y esto también incluye a la Administración. Podemos tomar nota de otros países. Por ejemplo, en Francia el proveedor tiene derecho a reclamar a los deudores morosos un interés moratorio superior al existente en España. De esta forma, el 58% de las empresas reclaman de manera frecuente estos intereses de demora a diferencia del 5% de empresas españolas que lo hacen.

Pero también es importante solventar el problema de fondo haciendo énfasis en la cultura financiera. La falta de una cultura clara de «credit management» es fundamental en este asunto. El informe alerta de esta falta de cultura financiera en las sociedades de nuestro país. Sin ir más lejos, una de cada tres compañías gestiona de forma deficiente su riesgo de crédito. Las empresas deben planificar su flujo de caja, utilizarlo en la toma de decisiones, acudir a nuevas formas de financiación lejos de los tradicionales bancos si es necesario y por qué no, contar con la ayuda de consultoras especializadas. A veces, sólo se necesitan seguir ciertas rutinas que algunas empresas desconocen o no tienen tiempo de ejecutar correctamente. Esto juega en beneficio de todos.

 

 

 

 

 

 

 

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