Empresas españolas y el preconcurso

Ayer conocíamos la noticia  de que una importante cadena de zapatos low cost española, Marypaz, solicitaba el preconcurso de acreedores ante las dificultades de liquidez y su incapacidad para hacer frente a las deudas más inmediatas.

El grupo español Marypaz  cuenta con una estructura con más de 370 establecimientos propios -no trabaja bajo el modelo de franquicia- y una plantilla de alrededor de 1.250 personas. La empresa, que está presente no solo en la Península  si no también en otros países como Arabia Saudí, Francia, Egipto, Emiratos Árabes, Guatemala, Honduras, Kuwait, Qatar, y República Dominicana, afronta ahora un pico puntual de falta de liquidez.

Sin embargo,  tal y como señalan sus administradores, una vez resuelto no comprometería el futuro de la compañía. En este caso la protección concursal le dará  a esta empresa cuatro meses de margen para identificar la causa de los problemas de liquidez.

Y es que el preconcurso de acreedores no significa necesariamente quiebra inminente, como muchos empresarios temen. Recordemos, por ejemplo, el caso  Abengoa, el gigante español de las energías renovables, en preconcurso de acreedores desde hace cuatro meses. Recientemente hemos conocido que con el respaldo de sus acreedores y a través de un acuerdo de reestructuración, ha conseguido evitar el que hubiera sido el mayor concurso de acreedores de la historia de España.

A veces, el uso de este término de forma generalizada no es del todo apropiado, ya que parece significar que se trata de un paso previo a la declaración del concurso,  cuando no siempre es así. Ahora que está de actualidad, aprovecho para  dar algunas claves de qué es un preconcurso y en qué casos se puede solicitar.

¿Qué es un preconcurso de acreedores?

Es un proceso al que se acogen aquellas empresas que se encuentran en situación de insolvencia. Está regulado por Ley concursal, que permite dentro de su normativa acogerse a este proceso de comunicación de iniciación de negociaciones con acreedores. Más concretamente, el deudor se acoge a lo dispuesto en el artículo 5 bis de la Ley Concursal, cuyo enunciado reza: Comunicación de negociaciones sobre el deber de solicitar el concurso.

El objetivo es evitar el concurso permitiendo la conservación de la actividad profesional o empresarial. La ley fija un periodo de tres meses para alcanzar un acuerdo con sus acreedores y uno más para presentar la solicitud de declaración de concurso. Si la empresa no ha conseguido finalmente alcanzar una solución a la situación de insolvencia.

¿Cuando acogerse?

Cuando la empresa o el particular está en estado de insolvencia y no puede hacer frente a sus deudas.  Eso debe hacerlo “dentro de los dos meses siguientes a la fecha en que hubiera conocido o debido conocer su situación de insolvencia”, según explica el Artículo 5.1 de la Ley Concursal y en el Juzgado de lo Mercantil del territorio donde tenga el centro de sus operaciones principales.

¿Cual es la ventaja para la empresa deudora?

Puede evitar que sean sus acreedores los que presenten el concurso necesario, de negociar acuerdos previos al concurso (lo que aumenta las posibilidades de alcanzar la viabilidad de la empresa concursada) y  de evitar –en muchos de los casos- la situación de insolvencia.

En pocas palabras, las empresas que solicitan el preconcurso ganan un valioso tiempo para arreglar su situación económica y financiera, mediante la reestructuración de la compañía y para la obtención de una Propuesta Anticipada de Convenio.

¿Qué ocurre si la empresa alcanza un acuerdo?

La empresa tiene que alcanzar un acuerdo con sus acreedores dentro de los tres meses posteriores a la solicitud del preconcurso. Si este acuerdo cumple con los requisitos marcados por la Ley Concursal, podrá ser homologado judicialmente.

Entre los requisitos que marca la normativa es necesario que el acuerdo responda a un plan de viabilidad que permita la continuidad de la actividad, que haya sido suscrito por los acreedores cuyos créditos representen al menos tres quintos del pasivo o que el acuerdo sea informado por un experto independiente.

¿Y si la empresa no llega a un acuerdo?

Si superado el plazo la empresa no consigue alcanzar un acuerdo, deberá solicitar ante el juez mercantil el concurso de acreedores durante el mes hábil siguiente, lo que iniciaría una nueva etapa, esta vez con las facultades de administración intervenidas o por lo menos compartidas.

Una vez llegados a este punto, el juez dictará el auto de declaración del concurso, en el que la administración de la empresa en manos de un administrador concursal designado por el juzgado. Ni siquiera en estos casos el desenlace es necesariamente la liquidación. Siempre hay alternativas. El concurso de acreedores, siempre que se utilice y gestione de manera óptima, es la mejor alternativa para sacar a una empresa de un proceso de crisis profunda. Lamentablemente, el concurso de acreedores, es una de las herramientas legales peor utilizadas y peor gestionadas en España, por lo que siempre genera miedos y recelos en los empresarios.

El primer paso para afrontar en estas situaciones es sin duda la información y el asesoramiento. En DIPCOM CORPORATE asesoramos y acompañamos a las compañías en cualquier fase del proceso preconcursal y concursal proponiendo diferentes estrategias ante posibles escenarios, analizando los riesgos, las necesidades fiscales que fundamentan la presentación del concurso o preconcurso y las posibles alternativas y sus efectos colaterales.  Consúltanos, podemos ayudarte.

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