El secreto para ahorrar costes en un concurso de acreedores

En nuestro país, el número de personas físicas y jurídicas que se han declarado en concurso ha alcanzado la cifra de 1.426 deudores en el segundo trimestre de este año. Ya lo sabemos, no es un dato tan catastrófico teniendo en cuenta que supone una disminución del 27,1% respecto al mismo periodo del año anterior. Sin embargo, no hay que olvidar que –especialmente desde que comenzara la crisis– los concursos de acreedores se presentan como una solución para miles de empresas que se ven en la imperiosa necesidad de hacer frente a la insolvencia económica. Sin embargo, es de sobra conocido que a más de uno le tiemblan las piernas pensando en las consecuencias que estos procedimientos acarrean, en vez de verlos como lo que pueden llegar a ser: una manera de sacar de un aprieto a una empresa (o persona física) en un momento de graves dificultades económicas.

Concurso de acreedores

Pero, para no marear mucho la perdiz, empecemos por el principio. La Ley Concursal española nace en el año 2003, fecha en la que aún seguían vigentes algunos códigos promulgados por nada más ni nada menos que Fernando VII con su Código de Comercio. En la nueva ley del año 2003 -que ha sido reformada en varias ocasiones- se regulan todos los pormenores que se han de llevar a cabo en un concurso de acreedores, procedimiento que sustituye a su vez a fórmulas anteriores como la quiebra, la suspensión de pagos y el procedimiento de quita y espera. Los concursos de acreedores nacen como procedimientos judiciales que, de manera voluntaria o no, pueden llevar a  cabo personas físicas o jurídicas que se encuentren en situación de insolvencia y no puedan hacer frente a las deudas.

¿Me costará mucho declararme en concurso de acreedores?

En ocasiones, los costes de estos concursos se vuelven tan disparatados que han amedrentado a personas físicas o jurídicas que no son capaces de hacer frente a sus deudas. Pero no hay que olvidar bajo ningún concepto que los concursos de acreedores nacen con un único objetivo: ofrecer una solución a un problema de insolvencia económica. Por ello, han nacido empresas cuyo ánimo es el de amoldarse a las necesidades del concursante sin caer en un laborioso, y por tanto costoso, proceso.

Pero no vayamos tan deprisa y aclaremos este punto. ¿Por qué son tan costosos estos concursos? Pues bien, acogerse a un concurso de acreedores implica que el deudor contrate un abogado y un procurador, además de pagar al letrado y al administrador concursal, así como a un equipo de economistas que orienten al concursante. Esta diversificación de gastos puede suponer más de un quebradero de cabeza y un aumento notorio de los costes. Por ello, en ocasiones hay empresas o personas físicas que dudan en si dar este paso o no.

¿Qué beneficios tiene contratar a una empresa externa?

Ahora bien, ¿qué ocurriría si dejamos este proceso en manos de una empresa externa? Un grupo de profesionales, expertos en los concursos de acreedores, puede minimizar los costes al integrar a todos los profesionales en un mismo equipo. Hay varias empresas que se dedican a esta labor, tal es el caso de Dipcom Corporate, una consultoría cuyos profesionales llevan a sus espaldas una larga trayectoria en el mundo empresarial y que, además, han alcanzado el éxito en distintas ramas, tales como la abogacía, la economía y la procuraduría, entre otras.

Documento adjunto: Gestión de Crisis en tu empresa. Como te puedo ayudar.

Por tanto, el emplear a una empresa de tales características implica que el cliente ya está contratando a todo un grupo de profesionales que pueda realizar los trámites de todo el concurso, desde los actos previos hasta la conclusión. Esto se traduce en que el proceso se agiliza, ya que la compañía asesora y acompaña al cliente en todas las fases del proceso preconcursal y concursal, proponiendo las diferentes y mejores estrategias ante distintos escenarios y analizando los riesgos, las necesidades fiscales y las posibles alternativas y sus efectos colaterales.

Pero no hay que olvidar el asunto que nos trae hasta aquí: esta manera de solicitar un concurso de acreedores ofrece la ventaja de que los costes se reduzcan de manera notable, puesto que la tarifa es conjunta. Los costes, finalmente, rondan en torno a un 60-75% menos que las tarifas oficiales, un precio mucho menor del que ofrecen los colegios de abogados y economistas, cuyas tarifas pueden parecer astronómicas para pequeñas empresas en grandes apuros.

Hoy en día el término anglosajón low cost está muy en boga. Pues bien, como manera de resumen, ahora es posible que una empresa solicite un concurso de acreedores ahorrando costes. Pero, sobre todo, si no queremos llegar a la liquidación o podemos evitarla, hemos de demostrar que somos capaces de salir adelante y satisfacer a nuestros acreedores. Y la mejor manera de hacerlo es junto a un equipo de profesionales que nos marquen el camino… a un bajo coste.